La concejala capitalina Ana González (PJS) sacudió el escenario político local al formular una denuncia penal contra cinco altos funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

La presentación judicial apunta a un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo, vinculados a una serie de contrataciones directas que totalizarían $2.700 millones.

La demanda, radicada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), recae sobre el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el contador General, Marcelo Albaca; el secretario general, Rodrigo Gómez Tortosa; y el secretario de Economía, Sebastián Ruiz Toscano.

El eje de la acusación

Según el texto de la denuncia, se habría detectado un “patrón de conducta” consistente en la contratación directa sistemática de determinadas cooperativas de trabajo para tareas que la edila califica como “ordinarias, previsibles y programables”. González sostiene que estas contrataciones debieron realizarse mediante licitaciones públicas y no bajo la figura de “necesidad y urgencia”.

 Entre las irregularidades señaladas, se advierte que algunas de las firmas beneficiadas no figurarían en el Registro de Proveedores de la Municipalidad al momento de la contratación. Además, la denuncia resalta montos presuntamente excesivos, citando como ejemplo el pago de $398 millones para la adquisición de kits tecnológicos para el transporte público a través de una cooperativa.

 Enriquecimiento ilícito

Un punto crítico de la presentación judicial es el apartado contra el contador General, Marcelo Albaca. González solicita que se investigue un presunto enriquecimiento ilícito, fundamentado en un crédito hipotecario de aproximadamente $415 millones para una propiedad en un exclusivo country y viajes al exterior, lo que, según la denunciante, resultaría "incompatible" con los ingresos declarados del funcionario.

 La respuesta del Ejecutivo

 Desde la administración municipal, la respuesta no se hizo esperar. Si bien manifestaron su disposición ante los requerimientos de la Justicia, calificaron la denuncia como una "maniobra política" para adelantar tiempos electorales. El secretario Luciano Chincarini defendió la legalidad de los procedimientos y lanzó duras críticas contra la concejala: “Esta administración actúa dentro del marco de los procedimientos administrativos y contables vigentes. La denunciante busca protagonismo judicializando la política”, aseveró, recordando además el pasado de González en la gestión anterior.

 Medidas solicitadas

 La concejala ha solicitado al MPF el rol de querellante y ha pedido medidas urgentes, incluyendo el allanamiento de las dependencias municipales para el secuestro de expedientes administrativos y registros de proveedores, así como informes a organismos tributarios y financieros (ARCA, Ipacym y Banco Nación) para profundizar la investigación sobre los fondos y las entidades cuestionadas.